La batería de medidas de facilitación del comercio exterior anunciada en los últimos días por el gobierno —con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente Yamandú Orsi al frente— fue recibida con una cautela optimista por parte de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Desde la gremial, dijeron a InfoNegocios que respaldan la orientación general del paquete, aunque con una advertencia que no es menor: el verdadero impacto se medirá en la ejecución.
Mateo Fagúndez, responsable del Departamento de Negocios Internacionales de la Cámara, ubica las medidas dentro de un proceso de diálogo que, según señala, ya venía en marcha desde el inicio de la actual administración.
“Se han ido generando mesas de trabajo con distintos ministerios y direcciones, y eso la Cámara lo celebra”, afirma en diálogo con InfoNegocios Uruguay. En ese intercambio, agrega, el sector privado no solo reaccionó a propuestas oficiales, sino que también logró colocar algunas propias sobre la mesa.
De hecho, dos de las decisiones ahora anunciadas tienen su origen en una instancia de consulta convocada por la Dirección Nacional de Aduanas, en la que participaron cámaras empresariales, operadores y actores de la cadena logística.
“En base a propuestas que se hicieron en esa mesa salieron estas medidas”, explica Fagúndez, en referencia, por un lado, a la reducción de los plazos para la devolución de tributos a la exportación —que pasan de más de 200 días a 30— y, por otro, a la flexibilización del uso de precintos electrónicos para operadores económicos calificados.
Más allá de esos antecedentes, la evaluación general de la Cámara es favorable. “Todo aquello que busque agilizar y generar menos rispidez en los procesos burocráticos lo vamos a apoyar”, sostiene.
El foco, insiste, está puesto en la competitividad del sector transable y en el clima de negocios, dos variables que considera centrales para sostener el posicionamiento del país. Aun así, introduce un matiz: “Al no estar todavía implementado, hay que ver con el diario del lunes de qué forma se aplica y cuál es el impacto que va a tener”.
Una de las medidas más comentadas —la eliminación de la intervención previa de la DGI en determinadas importaciones— es leída en esa misma clave.
Si bien su alcance se limita a una porción acotada de operaciones, la señal es valorada. “Esperamos que sea un impacto positivo y que sea el puntapié de otras medidas que hagan que el Estado controle mejor y no más”, resume Fagúndez.
En términos de tiempos, la expectativa es que los primeros efectos comiencen a percibirse en el corto plazo: “En dos o tres meses ya vamos a tener los primeros comentarios y vamos a empezar a intercambiar con la Aduana”.
Ese monitoreo no será informal. La Cámara prevé seguir la evolución a través de sus relevamientos trimestrales, combinando encuestas y consultas directas a empresas. La intención, explica, es poder hacer ajustes en diálogo con las autoridades, bajo la premisa de que “siempre surge la posibilidad de mejorar lo que se hace”.
El componente de digitalización —con la eliminación progresiva del soporte papel— también es visto como un paso necesario, aunque tardío. “Creo que llega un poco tarde, pero en un buen momento como matriz país”, señala. A su juicio, el ecosistema empresarial, incluidas las pymes, está en condiciones de avanzar hacia procesos más desmaterializados, algo que debería traducirse en mayor eficiencia a lo largo de toda la cadena de suministro.
Donde la Cámara pone especial énfasis es en las medidas vinculadas a certificaciones. La posibilidad de reconocer validaciones ya otorgadas en otros mercados —evitando duplicaciones— es interpretada como un mecanismo directo para estimular la competencia. “Permite que más empresas accedan a los mismos productos sin tener que rehacer todo el proceso, y eso tiende a bajar márgenes y costos”, explica. El ejemplo es concreto: productos que hoy enfrentan demoras de hasta dos años para su habilitación podrían ingresar con mayor fluidez si ya cuentan con avales internacionales.
Aunque el paquete está orientado principalmente al sector transable, Fagúndez subraya que sus efectos pueden derramarse sobre el resto de la economía. “Si el comercio exterior crece y mejora, el beneficio va a ser para todos”, afirma, aludiendo al impacto indirecto en precios y consumo.
En la comparación regional, la lectura es consistente con esa visión de proceso. Las medidas, por sí solas, no alcanzan para redefinir la competitividad del país, pero sí suman en una trayectoria de más largo aliento. “No lo vemos como suficiente, pero sí como parte de las soluciones”, dice. Y completa: “Uruguay viene haciendo un esfuerzo grande en los últimos 25 años para posicionarse, cuidar las inversiones y mantener su atractivo. Esto fortalece esa estructura”.