¿Nace la industria de navipartes? Quieren facturar US$ 70 millones en 2020

Hace unos años nadie pensaba que empresas uruguayas podrían generar ingresos abultados por la construcción de barcos. Pero el panorama está cambiando, sobre todo teniendo en cuenta la creciente demanda de buques a partir de la Hidrovía. El sector se ha trazado un objetivo muy ambicioso para llegar a 2020 con una facturación de US$70 millones, cuatro veces más que la actual, reparando buques y fabricando barcazas. De hecho, en junio, el Consejo Sectorial Naval presentará un informe con los detalles para lograrlo. Pero, como todo crecimiento, conlleva desafíos. El principal es la mano de obra calificada.

El objetivo es triplicar la cantidad de trabajadores del sector, hoy son unos 1.000, por la vía de planes de capacitación liados a la producción. Se promueve que la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), con apoyo financiero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), ejecute cursos de soldadura, mecánica naval, cañería, calderería y operadores de grúa.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.