La historia del crecimiento sostenido del sistema de zonas francas, cuya ejecución tiene impacto positivo en toda la sociedad, comenzó un 20 de junio de 1923 con una iniciativa avanzada para la época. La primera Ley de Zonas Francas fue sustituida por otras hasta llegar a la normativa actual, que rige desde 1987.
Las propuestas originales para establecer un régimen de zonas francas en el país surgieron durante la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez (1903-1907), cuando se enviaron dos misiones técnicas a Europa y Estados Unidos, con la finalidad de estudiar el régimen portuario.
A partir de ese análisis se originaron iniciativas dirigidas al establecimiento de zonas francas en Montevideo, Colonia, y Nueva Palmira, con el objetivo de fomentar el establecimiento de empresas comerciales e industriales sobre la base de la extraterritorialidad aduanera y de la exoneración a los usuarios de todo tipo de tributos.
Con la ley N° 7.593 del 20 de junio de 1923 se aprobó́ la creación de las zonas francas en el área portuaria de Colonia y Nueva Palmira y se habilitó al Estado a establecer una tercera en Bella Unión. Para estimular el comercio y la industria, se permitió el fraccionamiento y transformación de materia prima importada libre de impuestos.
De esta manera, con la colocación en 1925 de la piedra fundamental en Colonia, se comenzó́ a materializar la política pública de zonas francas en Uruguay.
En este territorio se permitió el desarrollo de operaciones de embarque, desembarque, transformación, perfeccionamiento y clasificación de materias de procedencia extranjera, libre de derechos aduaneros y de cualquier impuesto interno.
A los establecimientos fabriles e industriales radicados en estas zonas, se los benefició con una exoneración de tributos. En tanto, las materias primas importadas desde el exterior podían ser reexportadas libremente, lo mismo que los productos elaborados allí.
Esta normativa fue sustituida en diciembre de 1949 tras la aprobación de la ley N° 11.392, que estableció́ un régimen de zonas y depósitos francos con amplias facilidades, creando, al igual que su antecedente, una franquicia aduanera restringida de carácter esencialmente industrial, que buscaba facilitar el intercambio comercial.
La última normativa, que llegó con la aprobación de la ley N° 15.921 en diciembre de 1987, innovó y facilitó la inversión, creó las zonas francas privadas y el régimen contractual para los usuarios, superando ampliamente los resultados logrados con la legislación anterior.
Bajo la ley N° 15.921, que tuvo algunas modificaciones en 2017, se multiplicaron las zonas francas industriales, comerciales y de servicios en Uruguay, contando actualmente con 15 autorizadas en diversas regiones, entre las que se destaca la planta de celulosa UPM II, considerada la mayor inversión privada del país.
En 2022 comenzó la construcción de la primera zona franca exclusiva de servicios en Punta del Este, y este año se aprobó la instalación de un proyecto con similares características en Colonia.
De acuerdo al informe elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en base a datos extraídos del último censo de zonas francas de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta ese año había más de 1.000 empresas habilitadas para operar en territorio franco, que ocupaban directamente a más de 15.000 personas, con una remuneración promedio que duplicaba a la de los trabajadores extra régimen.
La inversión realizada por las empresas de zonas francas durante 2019 fue cercana a los US$ 500 millones, un 5,6% del total de las inversiones del Uruguay. Por otra parte, las exportaciones de bienes y servicios desde zonas francas superaron los US$ 5.300 millones ese año, cerca de un tercio del total de las exportaciones del país.
Se estima que hasta 2019 (período que no considera ampliaciones de ciertas zonas francas ni UPM II) la actividad económica de las empresas en el régimen representaba el 5% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, de forma indirecta se generaron casi 14.000 puestos adicionales, alcanzando los 29.000 empleos, el 2% del total de ocupados en el territorio nacional.
Las exoneraciones tributarias otorgadas a territorios francos totalizaron en promedio los US$ 280 millones entre los años 2014 y 2019. El beneficio generado por las empresas alcanzó cerca de US$ 1.600 millones anuales en promedio.
Esto significa que, por cada dólar exonerado, las zonas francas le generaron al país un retorno casi seis veces superior, sin considerar los efectos positivos en el incremento en la productividad de los recursos humanos, la adopción de prácticas empresariales innovadoras, la incorporación de estándares de calidad internacional y la transferencia de tecnología, entre otros aspectos.
La Cámara de Zonas Francas del Uruguay, entidad que nuclea a Desarrolladores y Usuarios del régimen, se propone conmemorar este primer centenario con la elaboración de nuevos estudios y eventos a desarrollarse en el segundo semestre del año, todos los cuales tendrán por objetivo brindar una mirada hacia el futuro del régimen y sus aportes al Uruguay en los años venideros.