Luego de tres décadas de intentos fallidos, el Parlamento uruguayo aprobó una ley histórica para el sector inmobiliario. Esta legislación, impulsada por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) y apoyada por diversas instituciones, establece un marco regulatorio que busca formalizar la actividad de los operadores inmobiliarios y reducir el alto nivel de informalidad que afecta al sector.
Beatriz Carámbula, presidenta de la CIU, habló con InfoNegocios y expresó su satisfacción: “Esta ley es el resultado del esfuerzo de muchas personas a lo largo de 30 años. Siempre había algo que frenaba su aprobación, pero en esta legislatura se dio la oportunidad”. El timing fue clave, ya que el proyecto fue uno de los últimos en aprobarse antes de que concluyera el periodo legislativo.
Hasta ahora, según Carámbula, más del 60% de los operadores inmobiliarios trabajaban de manera informal, lo que implicaba la evasión de impuestos y la falta de cumplimiento de regulaciones como la inscripción en la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). Además, muchos de estos operadores no cumplían con las obligaciones impuestas por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), lo que incrementaba el riesgo de operaciones ilícitas en el sector.
“Había personas que se autodenominaban inmobiliarias sin estar registradas ni pagar impuestos, lo que fomentaba situaciones irregulares y, en muchos casos, estafas. Esto se agravó tras la pandemia”, explicó Carámbula, quien destacó que la nueva ley introducirá un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, obligando a los actores del sector a formalizarse.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la creación de un observatorio inmobiliario, que permitirá contar con información actualizada sobre las transacciones en el mercado. “La falta de datos es un gran problema. Con este observatorio, podremos acceder a información sobre las preferencias del mercado, qué zonas son más demandadas, y el ticket promedio de alquileres y ventas. Esto beneficiará no solo a los operadores inmobiliarios, sino también a los desarrolladores y clientes”, comentó Carámbula.
Asimismo, la ley exige que los operadores inmobiliarios tengan al menos un año de antigüedad y cumplan con una capacitación avalada por el Ministerio de Educación y Cultura. Carámbula subrayó la importancia de esta medida para mejorar la calidad del servicio y garantizar que quienes trabajan en el sector estén debidamente capacitados.
Otro punto clave de la ley es el control sobre las plataformas digitales que facilitan la compra y venta de inmuebles. Carámbula aclaró que los propietarios podrán seguir publicando sus propiedades de manera independiente, pero si una inmobiliaria utiliza una plataforma para publicitar, deberá incluir su número de matrícula. “No estamos en contra de las plataformas, trabajamos con ellas y son bienvenidas, pero deben operar dentro de un marco regulado”, señaló.
Aunque la aprobación de la ley es un gran avance, queda pendiente su reglamentación y la implementación de mecanismos de fiscalización. Según Carámbula, la CIU ya está trabajando con expertos para que la reglamentación sea clara y efectiva. “Esta ley protegerá a los operadores inmobiliarios, a los clientes y al Estado, ya que reducirá la evasión fiscal y permitirá que todos trabajemos bajo las mismas reglas”, afirmó.
Carámbula destacó que uno de los factores que permitió la aprobación de la ley fue su carácter inclusivo. “Este proyecto no excluye a nadie, incorpora a todos los que ya están trabajando en el sector. Queremos que todos se formalicen y que el sector inmobiliario se profesionalice”, concluyó.
Con esta ley, el mercado inmobiliario uruguayo se encamina hacia una mayor transparencia, formalización y profesionalización, lo que promete generar nuevas oportunidades y beneficios para todos los actores involucrados. Ahora, el sector espera con ansias la firma del presidente y la reglamentación que pondrá en marcha este marco normativo.