La empresa de gas Megal, aspira a convertirse en un nuevo distribuidor privado de combustibles líquidos, de capitales nacionales. Su proyecto, presentado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) en agosto de 2024, incluye una importante inversión inicial para desarrollar una red de estaciones de servicio bajo la marca Megal, con apoyo técnico de una importante distribuidora de Brasil. Rossana Bucheli, CEO de Megal, explicó a InfoNegocios que la iniciativa busca " dotar con mayor competitividad y oferta de servicio al mercado ". La estrategia: vender combustible de la estatal, pero con gestión privada. "Queremos un reglamento claro, no privilegios. Uruguay necesita más actores para modernizar el sector", insistió.
La URSEA abrió en noviembre de 2024 una consulta pública para regular la distribución mayorista ycminorista y permitir que las estaciones cambien de sello. La propuesta, que cerró en marzo de 2025, plantea entre otros que las estaciones podrían migrar a otro distribuidor notificando con tres meses de anticipación, prohíbe cláusulas restrictivas en los contratos y establece compensaciones equitativas por activos como infraestructura. Sin embargo, el organismo enfrenta un desafío mayúsculo: cuatro de los seis actores clave del sector tienen reparos de la consulta pública realizada, mientras los restantes lo apoya con condiciones.
El frente opositor y los aliados
La Cámara Uruguaya de Distribuidores de Combustibles del Uruguay tachó la propuesta de "antijurídica" y advirtió sobre "inseguridad jurídica". Dicha Cámara, presentó un informe de 102 páginas respaldado por la abogada Graciela Ruocco, citando fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anularon reglamentos similares. DUCSA y CANOPUS, distribuidoras del sello ANCAP, exigieron anular la consulta y reformular el reglamento, amenazando con acciones legales. Incluso la Asociación de Agentes ANCAP (AAA) defendió el modelo actual: "En Uruguay, 1.000 pesos de súper son 1.000 pesos en cualquier rincón. ¿Por qué arriesgarlo?".
Por su parte, la Unión de Vendedores de Nafta (UNVENU), que agrupa a dueños de estaciones de todos los sellos, respaldó la movilidad de redes pero pidió mantener límites clave. Entre ellos, el tope de cuatro estaciones propias por distribuidor y un precio único de compra para minoristas, evitando que grandes cadenas ahoguen a estaciones pequeñas. Federico De Castro, gerente de UNVENU, subrayó: "El regulador debe evitar desequilibrios, como ocurrió en otros mercados latinoamericanos".
El debate de fondo: ¿competencia o control?
Megal argumenta que su entrada dinamizaría el mercado con inversión, empleo y tecnología —como alianzas con importantes actores para logística avanzada—. Otros actores insisten en riesgos: La Cámara Uruguaya de Distribuidores de Combustibles del Uruguay alertó que "sin una reforma integral, estos cambios solo generarán costos, no bajas de precios", mientras DUCSA y CANOPUS advirtieron sobre "daños patrimoniales irreversibles".
La pelota está en la cancha de URSEA, que tiene hasta septiembre para emitir su resolución. Si mantiene el reglamento, Uruguay sumaría un cuarto sello tras décadas de dominio de ANCAP y firmas extranjeras. Si cede, el proyecto de Megal quedaría en standby. Pero la amenaza de judicialización es real: DUCSA y CANOPUS ya anticiparon que acudirán al TCA, replicando la estrategia que tumbó la Resolución 377/022 en 2024. De igual forma distintos actores del mercado podrían apelar a ley de defensa de la competencia en caso de que no se realicen cambios en el mercado. Mientras, el reloj corre para un país que tiene una gran oportunidad de modernizar el mercado y priorizar la competencia o preservar un modelo único en la región, donde el combustible cuesta lo mismo en Punta del Este que en Artigas.