Integra, empresa que desarrolla programas y estrategias innovadoras e inclusivas con alto impacto social, llevó adelante ayer el primer evento de su ciclo de charlas en conjunto con la Cámara Uruguaya de FinTech. “La Inclusión Financiera y su Impacto en Uruguay” fue el primer tópico, que reunió a los oradores Vallcorba, Pablo Roselli (de Deloitte), Joaquín Morixe (de Endeavor), Amílcar Perea (de IN Switch), a Alejandro Conforte (de Scotiabank) y a Ana Castillo (del Grupo BID) como moderadora.
Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y una de las principales cabezas detrás de la Ley de Inclusión Financiera, fue quien abrió el panel haciendo referencia a las principales transformaciones que se han ido dando en el sistema financiero a raíz de la entrada en vigencia de dicha normativa. Precisamente, el economista indicó que había un gran rezago y subdesarrollo en el sistema, por lo que las nuevas políticas públicas fueron claves para que la realidad cambiara en un período de tres años. El uso explosivo de la tarjeta de débito —se multiplicó por 15 —, el crecimiento de la transferencias interbancarias y el incremento de la cantidad de POS en la economía —se multiplicó por cuatro —, fueron solo algunos de los ejemplos que el experto dio sobre la evolución de los elementos tradicionales (como los cheques y cajeros) versus los nuevos (como las transferencias y la tarjeta de débito).
El gran objetivo que se planteó el gobierno al impulsar una ley como esta, fue el de guiar a Uruguay hacia la tendencia mundial de la modernización, siempre teniendo en cuenta de que era “un eslabón más de la política de inclusión social del gobierno”. Para ello, fue central la implementación de políticas públicas, ya que, según Vallcorba, el mercado por sí solo no iba a poder resolver el rezago que tenía. “Incentivos, competencia y regulación han sido los pilares del programa”, explicó.
Ahora bien, tal como se le consultó desde el público y el mismo asesor del MEF indicó, las nuevas tecnologías suponen nuevos desafíos para las políticas públicas, la regulación, el mercado y el consumidor. Tal es el caso de lo que ha ocurrido con las pequeñas localidades de Uruguay, con cuyos habitantes la ley no ha podido sacar a relucir sus beneficios. De cualquier manera, si bien es cierto que allí los detractores de la ley tienen un punto a favor, Vallcorba explicó: “el propio mundo del efectivo ya es problemático para las pequeñas localidades, porque muchas tienen dificultades para cobrar una pasividad o para pagar una factura. Ese mundo también genera dificultades y ahí es que las políticas públicas tienen que generar condiciones para una razonable inserción de todos los actores”.
Para buscar una posible solución a ese bache que aparece en el sistema financiero local, meses atrás, se lanzó el programa Uruguay Más Cerca, que busca facilitar el acceso de la población a un conjunto de servicios en el marco de la implementación de la Ley de Inclusión Financiera. La primera etapa ya se está llevando adelante en unas 95 localidades que tienen más de 500 habitantes y no cuentan con los servicios financieros básicos. A través de subsidios —que es mayor si la localidad es más pequeña —, el gobierno promueve la instalación de puntos de extracción de efectivo y sitios de pago de servicios. Así, se busca disminuir la brecha que existe con las pequeñas localidades.