En ese escenario, empresarios del sector, legisladores y organizaciones sociales comenzaron una ronda de intercambios para impulsar un proyecto de ley que contemple exoneraciones tributarias, subsidios a controles bromatológicos y medidas de incentivo para la producción nacional.
Uno de los participantes de esas reuniones fue Rafael Edelman, empresario vinculado al rubro de alimentos libres de gluten, quien la semana pasada concurrió al Parlamento para plantear la visión de la industria sobre los principales obstáculos que enfrenta el sector.
“La principal preocupación hoy es el costo de los productos”, señaló Edelman durante el intercambio. Según explicó, la discusión no pasa solamente por la competitividad entre empresas nacionales, sino por la diferencia estructural de costos frente a los productos elaborados con trigo. “El trigo tiene beneficios y subvenciones a nivel mundial que los sustitutos no tienen”, afirmó.
En Uruguay, distintas iniciativas legislativas vinculadas a la celiaquía vienen acumulándose desde hace varios años. En 2023, legisladores del Frente Amplio promovieron un régimen de devolución de IVA para personas diagnosticadas y propusieron, además, que los supermercados destinen espacios exclusivos para alimentos sin gluten. Más adelante, el Senado aprobó una minuta para reducir impuestos a estos productos, argumentando que pueden costar hasta cuatro veces más que sus equivalentes tradicionales.
Ahora, la discusión volvió a tomar impulso con nuevas propuestas orientadas a reducir costos de producción y distribución. Entre las medidas planteadas por actores del sector aparece la posibilidad de establecer IVA cero para productos libres de gluten elaborados en la industria nacional, así como la eliminación de algunas tasas bromatológicas y peajes que, según empresarios, encarecen la llegada de estos alimentos al interior del país.
Edelman sostuvo que las pequeñas empresas son las más afectadas por los costos regulatorios y de escala. “Estamos hablando de productos de muy baja cantidad”, explicó, en referencia al tamaño reducido del mercado celíaco uruguayo. También planteó la necesidad de subsidiar análisis de laboratorio sobre harinas y productos elaborados, un requisito clave para certificar que los alimentos estén libres de contaminación cruzada.
La discusión tiene además una dimensión empresarial relevante. El mercado de alimentos sin gluten viene creciendo en Uruguay y en la región impulsado tanto por diagnósticos médicos como por cambios en hábitos de consumo. Sin embargo, productores locales advierten que el tamaño del mercado sigue siendo limitado y que los costos de certificación, controles y logística dificultan ganar escala.
Como referencia regional, Edelman mencionó el caso de Chile, donde existen góndolas obligatorias para productos libres de gluten en grandes superficies. Según explicó, en algunos casos también se establecen porcentajes mínimos de participación de producción nacional dentro de esas categorías.
Pero la eventual eliminación o reducción de impuestos abre también resistencias y cuestionamientos. Algunos economistas y legisladores han advertido históricamente sobre el impacto fiscal de las exoneraciones tributarias y sobre la efectividad real de trasladar esas rebajas al precio final. Durante debates anteriores sobre exoneraciones de IVA a alimentos básicos, incluso dentro del sistema político surgieron voces críticas que consideraban estas medidas más un “gesto” político que una solución estructural al costo de vida.
Otro de los puntos que podría generar controversia es la delimitación de los beneficios. Especialistas en tributación suelen señalar que las exoneraciones generales pueden terminar favoreciendo también a consumidores de altos ingresos o a productos premium, sin garantizar necesariamente un acceso más amplio para quienes efectivamente necesitan una dieta estricta por razones médicas.
A eso se suma un debate técnico sobre cómo debería aplicarse el beneficio. En Uruguay existe una diferencia importante entre productos “exentos” y aquellos con “tasa cero” de IVA, ya que el mecanismo cambia la posibilidad de recuperar impuestos en la cadena productiva. Para parte de la industria, ese detalle puede ser determinante a la hora de lograr una reducción real en los precios.
Mientras tanto, las organizaciones de pacientes insisten en que la alimentación sin gluten no es una elección de consumo, sino un tratamiento médico. Según estimaciones difundidas en el ámbito parlamentario, en Uruguay habría unas 35.000 personas celíacas y los productos específicos pueden valer entre tres y cinco veces más que sus equivalentes tradicionales.
Con varios proyectos en estudio y posiciones todavía en construcción, el desafío para el sistema político será encontrar un equilibrio entre alivio fiscal, estímulo a la industria y sostenibilidad económica. La discusión recién empieza, pero ya dejó en claro que detrás de una góndola sin gluten también hay una disputa sobre competitividad, regulación y acceso.