Profundizar el mercado financiero, ampliar el acceso al crédito y promover nuevos instrumentos de financiamiento forman parte de la agenda que el Banco Central del Uruguay (BCU) viene impulsando en los últimos meses. Su presidente, Guillermo Tolosa, afirmó en una entrevista que el crédito es la herramienta más democratizadora de igualdad de oportunidades.
Hay margen para que crezca esta herramienta y los datos ayudan a dimensionar ese desafío. El crédito al sector privado representa alrededor del 29% del Producto Bruto Interno, un nivel inferior al promedio observado en otras economías emergentes, lo que evidencia un importante espacio para ampliar el financiamiento formal de personas y empresas.
En ese contexto comienza a materializarse una de las primeras expresiones concretas de esa evolución regulatoria: el BCU autorizó recientemente la primera Empresa Administradora de Plataformas de Préstamos entre Personas (EAPPP) del país, habilitando el funcionamiento de Prestapagos, una plataforma que permitirá canalizar operaciones de préstamos peer to peer dentro de un marco regulado.
Más que la llegada de un nuevo actor, la autorización representa la incorporación de una nueva categoría de intermediación financiera prevista por la regulación uruguaya. Se trata de un modelo que busca formalizar operaciones de financiamiento que históricamente se realizaban de manera directa entre particulares, incorporando mecanismos de identificación, trazabilidad, transparencia y gestión de riesgos bajo supervisión regulatoria.
Para quienes el término no es familiar, peer-to-peer o P2P o red de punto a punto, es un sistema donde las computadoras o usuarios se conectan e interactúan de manera directa, no hay un operador ni un servidor central que controle todo. Cada aparato en la red funciona a la vez como cliente y como servidor.
La habilitación también refleja la evolución del propio marco regulatorio. El BCU viene impulsando una agenda orientada a acompañar la innovación financiera preservando la estabilidad del sistema, promoviendo estándares de gobierno corporativo, prevención de lavado de activos, protección de datos y gestión de riesgos para nuevos modelos de negocio.
La autorización en Uruguay de este tipo de plataformas fue pionera en la región y representa un paso más en la estrategia de ampliar las alternativas de financiamiento dentro de un marco regulado y supervisado.