Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el cambio climático y la transición energética colocan al transporte en el centro de la agenda regional. ¿Por qué? Porque a nivel global, el sector de transporte –tanto público como particular– representa el 25% de las emisiones de CO₂, cifra que en América Latina y el Caribe es mucho mayor, ya que alcanza el 40% de las emisiones.
Para echar una mirada de esperanza, el Banco Interamericano de Desarrollo señala en el mismo informe que el reemplazo de vehículos a combustión por vehículos eléctricos podría reducir, en la región, hasta 170 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO₂) en 2030, esto en la medida en que la adopción avance junto con mejoras de eficiencia energética y el acompañamiento de políticas públicas.
El mismo análisis estima, además, necesidades de inversión en el orden de los 226.000 millones de dólares en el sistema eléctrico regional (hasta 2030), con variaciones posibles según la evolución de costos tecnológicos.
¿Cómo está parado UY?
En nuestro país, las condiciones para que la electrificación impacte en emisiones es favorable, ya que según datos oficiales del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) indican que la matriz de generación eléctrica llega a casi al 100% de origen renovable.
Esa característica vuelve más propicia la adopción de vehículos eléctricos, porque un sistema con alta participación renovable permite que la reducción de emisiones no dependa únicamente del cambio tecnológico vehicular, sino también de la intensidad de carbono de la electricidad que lo alimenta.
Aunque Uruguay avanza en infraestructura de carga, el reto urbano sigue siendo la escalabilidad: disponibilidad de puntos, tiempos de recarga y demanda concentrada en áreas de alta rotación.
En este escenario, empresas como Swapy –una solución de movilidad eléctrica para flotas urbanas, especialmente de delivery– plantea un modelo basado en estaciones de intercambio de baterías que puede funcionar como complemento a las redes de carga tradicionales, especialmente en segmentos con uso intensivo y necesidad de rápida disponibilidad del vehículo.
“Nuestras estaciones de swap pueden operar como bancos estacionarios”, explicó Martín Piñeyro, CEO de Swapy, agregando que “mientras la moto está en uso, el gabinete carga otras baterías y esa carga se gestiona con la estrategia más conveniente, por ejemplo, aprovechando excedentes de generación renovable”.
Este almacenamiento distribuido ayudaría, a gran escala, a optimizar sistemas eléctricos con alta participación de renovables, permitiendo desacoplar la generación de energía eléctrica ofertada de la demanda.
Dicho de otro modo, el enfoque busca reducir tiempos fuera de servicio y distribuir la demanda energética de forma más gestionable, un punto sensible para ciudades donde la infraestructura eléctrica y el espacio público compiten por capacidad.
Con su sistema de intercambio de baterías, Swapy se posiciona como parte de una nueva infraestructura urbana que busca descarbonizar el transporte de última milla del quick commerce y responder con una solución que habilita la transición energética en un sector donde al momento es casi nula en ciudades de América Latina.