Nuestra tierra integra el Uruguay pero ¿a quién pertenece?

Declaradamente en manos de empresarios externos hay unas 500 mil hectáreas. De estas, hay 105.379 hectáreas en manos de argentinos, 232.112 hectáreas en manos de brasileños, en tanto otras 147.000 figuran en poder de personas (físicas o jurídicas) no uruguayas, es decir extrarregionales, según se informó desde la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Después hay un universo de 7 millones de hectáreas que son “no aplicables” para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  Son explotaciones cuyos dueños no figuran porque están en sociedades anónimas, sociedades ganaderas y otras formas jurídicas innominadas.
Se cree que gran parte de esos millones de hectáreas estén en manos extranjeras por una sencilla razón de evolución de los hechos. En el año 2000 había apenas 157.000 hectáreas –casi todas forestales, por la ley de promoción de 1988– bajo firma de sociedad anónimas. Más de 10 años después, este tipo de asociación se multiplicó por 20 veces, coincidente con la masiva llegada de las inversiones en el agro.
El trabajo que hay por delante para determinar la “extranjerización de la tierra” es engorroso. La Ley N° 18.930 creó un registro en el Banco Central del Uruguay, de los titulares de acciones de las Sociedades Anónimas, pero no será un asunto fácil cruzar datos. Otra institución que deberá aportar información es el Ministerio de Educación y Cultura, donde se registran las empresas de este tipo. Apenas 800 empresas “blanquearon” sus directorios, y el resto gestiona la vía de la excepción.
Un proyecto de ley que ya fue remitido al Parlamento permitirá al Instituto Nacional de Colonización (INC), incorporar entre 20 mil y 30 mil hectáreas adicionales a las casi 500 mil que ya maneja actualmente.
Se busca con esta medida darle tranquilidad al instituto para tomar decisiones de compras de tierras. En esta administración se han comprado 32 mil hectáreas, se ha conocido según publicaciones del INC.
El fideicomiso que se va a trabajar una vez que la ley se apruebe estará en el entorno de US$ 100 millones, lo que implicará que el INC se asegure entre 20 mil y 30 mil hectáreas, con lo que llega a las metas que se trazó para este período. El INC no va a “salir a lo loco a comprar, sino a comprar lo correcto de acuerdo a la demanda de los asalariados rurales y los productores familiares”, explican.
El Poder Ejecutivo transferirá en forma trimestral 26.500 unidades indexadas (unos US$ 3 millones) como garantía del fondo y autoriza al INC a destinar a ese fondo la mitad de los ingresos provenientes de la venta, arrendamiento y cesión de tierras de su propiedad para atender las obligaciones derivadas de la emisión de certificados y títulos de los fideicomisos que se creen o los préstamos que se tomen por un monto de hasta US$ 100 millones de dólares.