Durante casi 10 años, autos y motos incautados o abandonados permanecieron en depósitos policiales sin destino final. Lo que ingresaba como evidencia o retención provisoria terminó quedando quieto en los lugares, año tras año, predio tras predio.
Por razones lógicas, la acumulación superó la lógica administrativa y se volvió estructural: espacios logísticos colapsados, vehículos deteriorados a la intemperie, riesgo ambiental por derrames y corrosión, y limitaciones crecientes para la operativa diaria de las Jefaturas. En algunos casos, las unidades llevaban allí desde hacía una década.
El paisaje se repitió: filas de motos oxidadas, carrocerías apiladas, pasto creciendo entre chasis inmóviles. Depósitos que dejaron de ser transitorios para transformarse en verdaderos cementerios de chatarra.
Con este marco, el Ministerio del Interior decidió intervenir sobre ese stock acumulado, más de 3 millones de kilos (3.000 toneladas) mediante un convenio para su desmantelamiento y disposición controlada. El objetivo es claro: recuperar espacio operativo, mitigar riesgos ambientales y cerrar un ciclo que llevaba años abierto.
“Este acuerdo permite dar una solución técnica y ambientalmente responsable a un problema que se arrastraba desde hace años. El proceso incluye el desguace primario, la separación de materiales reciclables y la correcta gestión de fluidos y residuos peligrosos, asegurando trazabilidad en cada etapa”, señaló Matías Silva, gerente de Medio Ambiente de Depósito Pedernal.
La medida no solo apunta a ordenar la logística policial, sino recuperar un espacio valioso y transformar un pasivo prolongado en un proceso de gestión formal con lógica circular mediante la recuperación de materiales y estándares ambientales controlados.