Abrir una empresa, operar o incluso invertir puede volverse un proceso más lento y complejo de lo esperado. Hay casos de compañías que esperan meses, -y hasta años- por un permiso, mientras intentan sostener su actividad en un contexto de costos elevados y cambios constantes. En un mano a mano con InfoNegocios, Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), analizó los principales desafíos del sector, desde la burocracia y los costos hasta la falta de competitividad.
En una entrevista reciente mencionaste que abrir una empresa en Uruguay puede demorar 41 días. ¿Cómo se explica ese cálculo?
Si lo llevamos a números concretos, iniciar una empresa implica unas 984 horas de gestión. Eso, traducido a días completos de trabajo, da aproximadamente 41 días. Es decir, si hoy vos y yo empezamos desde cero, entre registros, escrituras, certificaciones y trámites ante distintos organismos del Estado, ese es el tiempo que nos llevaría ponerla en marcha.
Una vez que la empresa ya está operativa, la relación con el Estado durante el año también insume tiempo: en promedio, unas 440 horas anuales, según el rubro. Ese total comprende pagos de tributos, gestiones administrativas y diversos trámites. Durante ese período, la empresa no produce ni vende, sino que destina recursos al cumplimiento de obligaciones. Se trata de un costo burocrático que incide de forma directa en la competitividad.
En las empresas medianas y grandes, que representan menos del 3% del total, ese impacto se diluye, ya que cuentan con respaldo de estudios contables o jurídicos. En cambio, en las micro y pequeñas empresas, más del 97% en Uruguay, es el propio empresario quien asume todas las tareas, desde la operativa diaria hasta la gestión administrativa. En ese segmento, la carga se vuelve más significativa.
¿Qué cambios concretos considerás prioritarios para mejorar esta situación?
Hay varias líneas de acción. Lo principal es avanzar hacia un Estado más ágil y moderno. No se trata de eliminar controles, sino de hacerlos más eficientes. Por ejemplo, el uso de declaraciones juradas permite que el control sea posterior (ex post) y no previo. Es decir, la empresa puede empezar a operar y el Estado controla después, en lugar de frenar todo desde el inicio. También hay medidas en marcha, como la eliminación del papel en trámites aduaneros y la digitalización total de procesos. Eso reduce tiempos y costos.
Otro cambio importante es permitir que los pagos asociados a importaciones se realicen hasta 30 días después de ingresada la mercadería. No implica una baja de impuestos, pero sí mejora el flujo financiero: el empresario puede vender antes de tener que pagar. Además, es clave eliminar trámites innecesarios, como los certificados negativos, donde el empresario debe demostrar que no necesita una autorización. Lo lógico sería lo contrario: establecer una lista clara de los casos que sí requieren permisos y liberar el resto.
También han planteado la necesidad de revisar regulaciones que encarecen la importación y el consumo. ¿Cuáles son las más urgentes y cómo impactan en la competitividad?
El comercio abarca múltiples rubros, pero hay ejemplos concretos que ilustran la situación. En vestimenta y calzado, por ejemplo, llegaron a aplicarse anticipos de IRAE de hasta 15% al momento de la importación. No se trata del impuesto definitivo, sino de un adelanto, aunque de todos modos impacta en el flujo de caja de las empresas.
En ese sentido, se registraron rebajas recientes en algunos de estos anticipos, como en el caso de la vestimenta. Sin embargo, aun con esos ajustes, los costos se mantienen elevados en comparación con otros esquemas. Este tipo de cargas encarece la operativa y actúa como una barrera. A esto se suman tasas consulares, costos logísticos y tarifas públicas, que continúan presionando sobre los márgenes.
El empresario, además, no siempre puede trasladar estos costos a precios, dado que el mercado impone límites. Como resultado, termina absorbiendo el impacto, lo que reduce su rentabilidad y afecta la competitividad. En ese escenario, se debilita la capacidad de invertir, crecer y generar empleo. Por eso, desde el sector se insiste en que el problema no se explica únicamente por el tipo de cambio: aun con un dólar más alto, si no se corrigen las ineficiencias estructurales, las dificultades persisten.
Mencionabas también trámites que resultan innecesarios o redundantes. ¿Qué ejemplos ilustran mejor esa situación?
Hay varios ejemplos. Por ejemplo, la exigencia de partidas de nacimiento con una vigencia de 30 días, cuando se trata de un documento que no cambia, o el certificado de buena conducta que el propio Estado le solicita al ciudadano, pese a que esa información ya está en su poder. Son trámites que generan demoras, costos y frustración. Si bien muchos hoy pueden hacerse online, igualmente implican tiempo y carga administrativa. Lo que se necesita es avanzar hacia un sistema más integrado, con información centralizada,donde el Estado no vuelva a pedir datos que ya tiene.
¿Qué tipo de Estado consideran necesario para mejorar este vínculo con las empresas?
Un Estado que controle, pero que también facilite; que sea un apoyo y no un obstáculo. Hoy, muchas veces, la relación no es amigable: hay rigidez, demoras y falta de coordinación entre organismos, y eso termina afectando sobre todo a las empresas más pequeñas. En definitiva, el Estado es un socio indirecto de la actividad empresarial y, como en cualquier sociedad, tiene que haber coordinación para que el resultado sea crecimiento económico y bienestar general.
¿En el caso de las franquicias, dónde está el problema desde el punto de vista del comercio local?
No se trata de una práctica ilegal ni cuestionable en sí misma. El punto no es la existencia de las franquicias ni su uso por parte de los consumidores, sino la competencia en condiciones desiguales. Es una dinámica en la que actores que operan bajo marcos distintos terminan compitiendo en el mismo mercado, pero con exigencias muy diferentes. En ese contexto, la discusión no pasa por restringir las franquicias, sino por cómo el comercio formal puede sostener su competitividad cuando enfrenta una estructura de costos significativamente más alta, que incluye impuestos, tasas, anticipos e IVA a la importación, entre otros.
¿Cómo se vincula esto con las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía?
Muchas van en la línea correcta, porque apuntan a simplificar y agilizar procesos, como la digitalización en aduana o la eliminación de trámites en papel. También hay un concepto clave, que es el “silencio positivo” del Estado: cuando un trámite no es respondido en determinado plazo, se considera aprobado. No puede ser que haya permisos o certificaciones que demoren años; en el mundo empresarial, eso directamente no funciona.
¿Qué impacto tienen esas demoras en la competitividad?
Es un punto crítico. En el sector privado, la falta de respuesta tiene consecuencias inmediatas, ya que el cliente puede optar por la competencia. En el ámbito estatal, en cambio, ese incentivo no está presente y el empresario queda sujeto a los tiempos de la administración. Existen casos de empresas que enfrentan demoras de meses e incluso años para obtener habilitaciones. También se han dado situaciones en las que, tras la exposición pública, los permisos se aceleran. A esto se suman inversiones relevantes que quedan paralizadas por falta de certificaciones. Compañías que destinan millones de dólares, desarrollan infraestructura y generan empleo, pero no logran operar porque un trámite permanece sin resolución. En uno de los casos relevados, una empresa esperó dos años para obtener un certificado necesario para exportar. Durante ese período, la actividad comercial continúa, los clientes no esperan y el riesgo recae íntegramente en el inversor.
¿A qué atribuís esas demoras?
No hay una única explicación, pero los problemas de gestión aparecen como un factor relevante. En algunos casos se señala la falta de personal, aunque el diagnóstico requiere mayor profundidad, ya que pueden coexistir áreas con déficit y otras con exceso. Más que enfocarse en recortes, el eje debería estar en mejorar la asignación de recursos y la eficiencia del sistema. La falta de coordinación se traduce en obstáculos cotidianos para las empresas. Si a eso se suma que la apertura de una firma puede demandar más de 40 días, junto con cientos de horas anuales destinadas a trámites, la carga administrativa adquiere una dimensión significativa.
¿Cómo describirías hoy el funcionamiento del sistema en términos generales?
No es el peor escenario posible; hay países con situaciones más complejas, y también hay oficinas que funcionan bien, con procesos ágiles. Pero si miramos el promedio general, persisten ineficiencias importantes y situaciones que directamente no deberían ocurrir, como esperar dos años por una certificación. Esto impacta la decisión de invertir, la capacidad de crecer y, en última instancia, la generación de empleo.
¿Qué rol juega la Cámara de Comercio en este contexto?
Buscamos ser un actor constructivo. No hacemos política partidaria, pero trabajamos con todos los gobiernos, identificando problemas y colaborando en soluciones que mejoren el entorno para las empresas. Además, impulsamos formación y desarrollo de talento: tenemos la Escuela de Comercio, programas cortos y el Centro de Empresas Familiares, porque muchas veces los problemas no están en la empresa, sino en la dinámica familiar.
En el debate sobre el tamaño del Estado, ¿cómo debería encararse una eventual reducción y qué implicancias tienen temas como energía y mercado laboral?
Hay que actuar con inteligencia. Uno de los principales problemas que percibe la sociedad uruguaya es la seguridad, así que no se puede plantear una reducción lineal diciendo “sacamos policías” o debilitamos áreas sensibles. Uruguay tiene fronteras extensas y permeables; en muchos puntos, cruzás un alambrado o una calle y ya estás en otro país, por lo que un control absoluto es prácticamente imposible. En un contexto donde el crimen organizado es una amenaza global, y Uruguay no está ajeno, el Estado necesita mantenerse fuerte en áreas estratégicas, y la discusión no debería ser achicar por achicar, sino asignar mejor los recursos.
El proyecto de competitividad dejó afuera temas estructurales como energía y mercado laboral. Uruguay tiene una matriz energética sólida e incluso exporta energía, pero los costos siguen siendo altos frente a la región, lo que impacta la competitividad, sobre todo en sectores productivos intensivos en consumo energético. En cuanto al mercado laboral, no se trata de eliminar derechos, sino de modernizar normas que responden a otra época y adaptarlas a las dinámicas actuales. Las empresas necesitan flexibilidad para operar en un contexto global cambiante; si los esquemas son demasiado rígidos, terminan afectando el empleo que buscan proteger.
El contexto internacional acentúa esta necesidad: vivimos en un escenario de alta incertidumbre, con tensiones comerciales, conflictos bélicos y cambios en las cadenas de suministro. Eso tiene efectos concretos, como variaciones fuertes en el precio del petróleo que impactan directamente en los costos internos. En este escenario, los países deben ser ágiles; estructuras rígidas no funcionan cuando el entorno cambia tan rápido.
Para crecer, Uruguay necesita más inversión. ¿Qué está faltando?
Uruguay tiene fortalezas claras: estabilidad institucional, respeto a los contratos y reglas de juego previsibles. Eso es un muy buen punto de partida, pero no alcanza. Para atraer inversión, necesitamos generar incentivos concretos. El mundo compite por capitales, y los países ofrecen condiciones. Eso puede incluir esquemas impositivos más graduales, incentivos a la inversión o mayor flexibilidad operativa. No se trata de “vender” el país, pero sí de presentar una propuesta atractiva. Si no lo hacemos, la inversión se va a otro lado.
En los últimos meses se han ido algunas empresas. ¿A qué lo atribuís?
No hay una única causa. Algunas empresas se van por cambios tecnológicos, otras por tamaño de mercado, costos o condiciones regulatorias. También influye la competencia internacional: si en otro país operar es más barato, la empresa puede relocalizarse. Por eso es clave trabajar sobre el “costo país”: tarifas, energía, carga impositiva y regulación. La tecnología es central en estos cambios, porque los modelos de negocio evolucionan rápido; procesos que antes requerían oficinas y personal ahora se pueden resolver de otra manera.
¿Cómo contribuyen las empresas familiares al ecosistema empresarial?
Son clave. Uruguay tiene una gran tradición de empresas familiares, algunas con más de 100 años de trayectoria. El éxito de estas empresas depende de que la familia y la empresa se adapten juntas, estableciendo reglas claras para garantizar continuidad.
¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades del sector?
Uruguay tiene una agenda de inserción internacional relevante, con acuerdos comerciales que facilitan exportaciones e importaciones. Pero prepararse para esos mercados exige inteligencia empresarial: conocer al cliente, los estándares y requisitos. También trabajamos en género, inclusión, empleo juvenil, capacitación y desarrollo de talento, además de enfrentar informalidad, contrabando, competencia desleal y crimen organizado. Todo esto impacta directamente en el desarrollo económico y la calidad de vida.
¿Qué rol busca tener la Cámara frente a estos desafíos?
¡Ser un actor constructivo! La Cámara tiene casi 160 años de historia y ha atravesado distintos contextos: crisis, cambios de gobierno, transformaciones económicas. Nuestro rol es aportar, identificar problemas y colaborar en la búsqueda de soluciones que mejoren el entorno para las empresas y, en definitiva, la calidad de vida de los uruguayos.