La Ley 20.469, promulgada en marzo de 2026, modifica varios artículos de la Ley 19.574 y endurece las exigencias de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Para De Maio, especialista que trabaja desde Washington en el análisis de estas dinámicas regionales, el cambio central está en que la responsabilidad sobre el origen de los fondos no desaparece porque el dinero haya pasado por una institución financiera. “La responsabilidad de investigar y probar de dónde salieron los fondos es propia, directa e indelegable, aunque el dinero llegue por los canales financieros formales”, explicó en diálogo con InfoNegocios. Para desarrolladores, escribanos, contadores y otros sujetos obligados, esto implica una mayor responsabilidad sobre las operaciones y sobre quién está realmente detrás de ellas.
En ese sentido,la también endurece la identificación del beneficiario final y exige una mirada más dinámica sobre las operaciones. “Se acabó el ‘cumplimiento burocrático de fotocopia’”, sostuvo De Maio a InfoNegocios, al señalar que ya no alcanza con reunir documentos y archivarlos. Es necesario conocer quién está detrás de una estructura societaria y monitorear si la actividad financiera coincide con el perfil declarado. En ese escenario, el compliance comienza a tener un impacto directo sobre la operación cotidiana de las empresas y también sobre su capacidad de mantener relaciones con el sistema financiero.
Para De Maio, uno de los mayores riesgos ya no es solamente recibir una multa, sino enfrentar consecuencias operativas y reputacionales. “El riesgo mayor es el operativo y reputacional: la pérdida de acceso al sistema financiero”, advirtió. Una empresa con inconsistencias podría enfrentar desde la cancelación de cuentas hasta dificultades para acceder al crédito o realizar transferencias internacionales. Allí aparece el concepto de de-risking, por el cual bancos internacionales pueden reducir o cortar relaciones con empresas o mercados cuando consideran demasiado elevado el riesgo de cumplimiento. “Si las entidades internacionales perciben que la Ley 20.469 se queda en el papel y que los actores locales no prueban el origen transparente de sus fondos, la banca global simplemente corta las líneas de pago”, señaló.
Auditra trabaja justamente sobre ese problema, la plataforma creada por De Maio para transformar el compliance en un proceso tecnológico, trazable y auditable. La herramienta reúne nueve módulos que abarcan KYC/KYB, screening, gestión de riesgos, monitoreo transaccional, debida diligencia intensificada, gestión de terceros y una línea ética, entre otras funciones. Además, incorpora ARIA AI, un asistente de inteligencia artificial que permite consultar legislación y políticas internas en tiempo real.
La plataforma busca reemplazar parte del esquema tradicional basado en planillas, correos y carpetas por un sistema que registra las acciones, decisiones y documentos, generando expedientes digitales auditables. También automatiza tareas como el screening, el scoring de riesgo y las alertas transaccionales. Para De Maio, el objetivo no es sumar burocracia sino integrar el cumplimiento a la estrategia empresarial desde el comienzo: “La estrategia consiste en crecer con compliance, no en dejarlo afuera del negocio para emparcharlo después”