Para entender el contexto del debate es importante analizar cómo ha evolucionado el comercio electrónico en Uruguay, que viene creciendo de manera sostenida desde hace tiempo. Sin ir más lejos, en 2023 se registraron más de 42 millones de transacciones, por un total de 1.200 millones de dólares. “En 2024 –apunta Andrés Marrero– esa cifra superó los 56 millones de operaciones y 1.560 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de más del 30%”.
Hoy el e-commerce es una fuente concreta de inversión, empleo y formalización, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. “Pero es también un sector que enfrenta desafíos importantes en cuanto a competitividad, especialmente cuando se trata de competir con operadores internacionales”, señaló el presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU).
¿A qué se refiere Marrero? A la llegada de un nuevo actor a nuestro mercado: Temu. Desde su arribo se disparó el uso del régimen de franquicias postales. Es decir, solo entre febrero de 2024 y febrero de 2025 las operaciones crecieron un 240%, pasando de 48.000 a 167.000, estimándose que este año las compras bajo ese régimen superarán los 180 millones de dólares.
Una encuesta realizada por CEDU a sus socios muestra que 4 de cada 10 empresas declaran una baja en ventas superior al 10% desde la llegada de Temu, siendo los rubros más afectados vestimenta, juguetes, hogar, calzado y electrónicos. “Esta situación genera una competencia fiscal y regulatoria claramente desigual, que perjudica a comercios nacionales que pagan impuestos, cumplen con normativas sanitarias y de etiquetado, y generan empleo formal”, señala el presidente de CEDU.
En cuanto al proyecto de ampliación del tope a 500 dólares, Marrero sostiene que comprende los argumentos que motivan la propuesta de ampliar el tope de exoneración de tributos de 200 a 500 dólares, sin embargo, considera que avanzar en esa dirección sin corregir las asimetrías actuales, profundizaría el impacto negativo sobre el ecosistema local.
“El problema no es si los consumidores compran en el exterior o no –dice el presidente de CEDU–. El problema es que hoy los comercios uruguayos compiten con reglas de juego completamente distintas. Y eso termina afectando a quienes apuestan por producir, invertir, generar empleo y formalizar su operación en Uruguay”.
En el entendido que el comercio local se fortalece dando herramientas al comercio, no restringiendo las posibilidades del consumidor, CEDU armó un paquete de tres medidas para mitigar el efecto negativo de la situación actual y promover el desarrollo del comercio electrónico uruguayo.
Mayor igualdad para el comercio local. Al igual que hoy se puede comprar hasta tres veces por año en el exterior sin tributar, los consumidores pueden elegir utilizar esas franquicias en compras online locales por hasta 200 dólares, también exentas de IVA. Esto sería mutuamente excluyente con el régimen de importación, y fácilmente trazable a través de la cédula de identidad.
“Esta medida no representa una nueva renuncia fiscal: redistribuye un beneficio ya existente hacia actores nacionales que tributan, generan empleo y fortalecen la economía formal”, dice Marrero.
Declarar promovida la inversión en canales de venta online. La CEDU sugiere que las inversiones en canales de venta online —como desarrollo de tiendas, integración de medios de pago, automatización o incorporación de tecnología— sean declaradas actividad promovida por un período de uno a tres años, siguiendo mecanismos similares a los que ya se aplicaron con éxito en otros sectores.
Deducibilidad del gasto en publicidad digital en plataformas internacionales. Hoy, cuando una empresa contrata publicidad directamente con Meta en Irlanda o Google en Estados Unidos, se ve forzada a afrontar un sistema de deducción parcial del gasto en su liquidación de IRAE, a menos que presente un certificado fiscal internacional complejo. Obtener ese certificado es inviable para las empresas uruguayas.
“Este régimen –dice Marrero– genera una situación de competencia desigual: mientras los operadores globales acceden a promover intensamente su oferta en el mercado uruguayo, los comercios locales enfrentan trabas fiscales al utilizar las mismas herramientas para competir”.
En suma, sin duda se trata de un tema complejo en el que hay que equilibrar intereses del consumidor, de los comercios y de la recaudación. Ahora bien, con esto Uruguay tiene una oportunidad única para promover un ecosistema digital competitivo, innovador y justo, donde las reglas del juego estimulen la inversión local y la formalización.
“No nos oponemos al comercio digital global ni al régimen de encomiendas postales internacionales que rige actualmente, pero sí creemos que no se puede avanzar en la ampliación de los topes sin antes corregir las desigualdades que ya hoy están afectando al comercio nacional”, remarca Marrero, agregando que “las compras al exterior bajo este régimen se han disparado, generando un escenario de competencia desequilibrada. Por eso proponemos soluciones concretas y razonables, que no solo son condición para evaluar cambios futuros, sino una necesidad para restablecer reglas claras y condiciones justas”.