A grandes líneas, el proyecto propone abandonar el actual Código de Procedimiento Civil acompasando el régimen al dispuesto por el Código General del Proceso, y en particular:
- Establecer la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos
- Eliminar la posibilidad de solicitar prórrogas para contestar la demanda
- Interposición conjunta de excepciones, dentro del plazo para contestar la demanda
- Reducción de la etapa de prueba a 15 días
- Plazo común para alegar de bien probado
- Dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo: se propone reducir el plazo a 30 días, lo que ha suscitado preocupación de la procuraduría
Una vez aprobadas en el ámbito parlamentario y promulgada por el Poder Ejecutivo, las modificaciones se aplicarán a todos los procesos en trámite pero sin afectar los plazos, recursos y diligencias que hayan empezado a correr o tengan principio de ejecución.
Por último el proyecto prevé la creación de una comisión para la reforma integral de todos los procesos que tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus trámites previos, que deberá elaborar un ante proyecto de ley en el plazo de un año desde su constitución y elevarlo a la Presidencia de la Asamblea General para su consideración.
Por:
Lorenzo Franzini, gerente de Legal de PwC Uruguay.
Valentina Pacheco, senior de Legal de PwC Uruguay.