El evento inició con una entrevista sobre el ecosistema de Open Finance en la que participó Nicolás De Marco, Jefe de la Oficina de Innovación del Banco Central del Uruguay (BCU), entrevistado por Ignacio Pera, socio de Dentons Chile, y Federico Lemos, director de Dentons Uruguay. Después llegó el turno del panel sobre oportunidades para la industria, moderado por Mariela Ruanova, socia de Dentons Uruguay, con la participación de Florencia Manrique, representante de BROU; Ignacio Maran, representante de Santander; Juan Manuel Jiménez, director en Minsait Business Consulting; y Ximena Aleman, cofundadora y co-CEO de Prometeo.
En la entrevista con Nicolás De Marco se abordaron los lineamientos generales de la hoja de ruta hacia el Open Finance, incluyendo el envío de un anteproyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los tiempos estimados de implementación. Además, se hizo foco en el rol del regulador en la coordinación del sistema, la importancia de avanzar con estándares internacionales y los desafíos asociados a la seguridad y al manejo del consentimiento de los usuarios.
Por otra parte, en el panel sobre oportunidades para la industria, los representantes del sector financiero y tecnológico compartieron sus visiones sobre el impacto del modelo en el negocio. En esta instancia se discutió el rol de los bancos como proveedores de datos y también como potenciales generadores de nuevos servicios, el crecimiento de las fintech en este ecosistema y la necesidad de generar un esquema atractivo para todos los actores. Asimismo, se destacó el potencial de las finanzas abiertas para ampliar el acceso al crédito, mejorar la oferta de productos y fomentar una mayor competencia en el sistema.
En ese marco, Ignacio Pera, socio de Dentons Chile, y Mariela Ruanova, socia de Dentons Uruguay, conversaron con InfoNegocios sobre el momento que atraviesa Uruguay en este proceso.
Uno de los puntos que surgió fue el horizonte 2030 que planteó el BCU para tener el sistema en funcionamiento. El ejecutivo explicó que ese plazo puede ser razonable, aunque depende de los tiempos legislativos. “Una vez que se toma la definición legal, la implementación suele llevar entre dos y cinco años”, señaló. Además, indicó que este tipo de proyectos, al ser técnicos, suelen avanzar sin mayores obstáculos a nivel político.
Por su parte, la socia explicó que el anteproyecto que se prevé enviar al MEF no debería ser extenso. “En estos casos, las leyes suelen prever aspectos concretos y puntuales, y fundamentalmente dar competencias al Banco Central; para que sea éste quién a nivel regulatorio establezca los pormenores del funcionamiento del sistema”, sostuvo, y destacó que este enfoque agiliza la discusión parlamentaria.
A medida que el tema avanza, se empiezan a definir algunos ejes centrales. Entre ellos se encuentran el acceso y la eventual monetización de los datos, el consentimiento de los usuarios y los estándares técnicos del sistema, que incluyen protocolos de seguridad y la posibilidad de implementar sandbox regulatorios para probar soluciones antes de su despliegue definitivo.
Sobre este último punto, Pera señaló que el concepto de finanzas abiertas no implica libre circulación de información. “Es un sistema cerrado, con estándares muy altos de seguridad”, afirmó, y detalló que las empresas deberán cumplir con procesos de validación antes de poder operar dentro del ecosistema.
Ruanova agregó que es esperable que el modelo de open finance prevea - en materia de consentimiento –requisitos más exigentes que la situación actual (si bien se enmarcarán dentro de los principios previstos en nuestra Ley N°18.331 de Protección de Datos Personales). Explicó que el consentimiento debería ser más claro, para una finalidad específica y determinada, con plazos definidos y posibilidad de revocación en línea por parte del usuario, lo que aporta mayor control y transparencia.
Durante el evento también se discutió la posición de los bancos. Según se planteó, el sistema para traccionar deberá ser atractivo tanto para los proveedores de datos como para los generadores de nuevos servicios. “Para que Open Finance despegue, el modelo tiene que ser atractivo para todos los involucrados: no puede haber participantes relegados a un rol meramente pasivo de ‘proveedores de datos’, sin incentivos ni posibilidad de capturar valor”, comentó la socia. El socio agregó que, más allá de las posturas iniciales, este tipo de procesos termina avanzando cuando se define como política pública.
Sobre el nivel de preparación del mercado local, ambos coincidieron en que Uruguay cuenta con buenas condiciones, especialmente por su nivel de digitalización, conectividad e inclusión financiera. No obstante, resaltaron la necesidad de educación financiera para que los usuarios comprendan cómo funciona el sistema y gestionen sus datos de manera responsable. Además, destacaron que el propio sistema corrige problemas actuales, como la necesidad de compartir contraseñas, mejorando la seguridad y simplificando la experiencia del usuario.
Otro aspecto clave que mencionaron es la importancia de mirar experiencias internacionales. Avanzar con estándares globales facilita la implementación y permite que empresas que ya operan en otros mercados se integren más rápido en Uruguay. Entre los casos de referencia se encuentran Reino Unido, Australia y Brasil, donde la adopción del sistema fue rápida y con buena aceptación.
En cuanto a las oportunidades, coincidieron en que el sistema no favorece a un actor en particular. Todos podrán acceder a la misma información y la diferencia estará en cómo se utilicen esos datos. A partir de ahí, pueden surgir nuevos servicios, mejoras en el acceso al crédito y más opciones para usuarios y empresas.
Finalmente, destacaron el valor de estos espacios de intercambio. Según señalaron, cuando reguladores, bancos y fintech se sientan a conversar, aparecen más coincidencias que diferencias, lo que facilita avanzar en un modelo que requiere coordinación entre todos los actores.