¿Te animás a sintetizar la realidad local sobre trabajo infantil? Fundación Telefónica te reta

A través del concurso Documenta, Fundación Telefónica quiere brindar no sólo a los profesionales, sino también a los aficionados, la oportunidad de reinterpretar su entorno y de aportar y compartir públicamente su trabajo. Esta primera edición, cuyo jurado estará presidido por el cineasta Isaki Lacuesta, girará en torno a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica. Los tres trabajos seleccionados realizarán un documental en la región sobre esta temática o alguna de las actividades que Fundación Telefónica lleva a cabo en este ámbito.

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Los candidatos podrán inscribir el proyecto documental (de 10 minutos de duración) hasta el 21 de marzo al mediodía. Fundación Telefónica cubrirá los costos de realización del documental –hasta 6.000 euros– y cada realizador recibirá como premio 3.000 euros. Además, TVE emitirá los tres documentales ganadores. Para más información y detalles de las bases del concurso ingresá a documenta.fundaciontelefonica.com.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.