El Senado sancionó con 41 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones la ley que modifica los regímenes jubilatorios de magistrados y diplomáticos. La sesión se llevó adelante mientras el Poder Ejecutivo ultimaba los detalles de un decreto de necesidad y urgencia para establecer la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus. En la previa al tratamiento, se le dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, candidato para encabezar la Procuración General de la Nación, y hubo fuertes cruces entre la presidenta del Senado Cristina Kirchner y varios senadores de la oposición, a los que acusó de no respetar el reglamento.
Pese a la alarma en torno a la propagación del Coronavirus, la Cámara alta sesionó con normalidad, con algunas restricciones: periodistas y asesores no pudieron ingresar al recinto, sino que el acceso quedó limitado a senadores, algunos fotógrafos y camarógrafos. Además, la lista de oradores fue más acotada que de costumbre. En paralelo al debate en el recinto, se conoció una resolución de la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, que estableció la suspensión de eventos para lo que resta de marzo y limitó la presencia de asesores en reuniones y sesiones.
En la previa al debate, cuando se llevaban adelante las cuestiones de privilegio, la líder de la Cámara alta, Cristina Kirchner, se cruzó con varios senadores de la oposición. "Yo voy a explicar el reglamento y a partir de los cinco minutos de lectura, voy a cortarles el audio", advirtió la vicepresidenta, luego de que el senador jujeño Mario Fiad leyera su discurso. Y recordó que existe "la posibilidad de la inserción de los debates para el que no quiera dejar de leer".
Luego de este y otros cruces, comenzó el debate de la ley que ya contaba con media sanción en Diputados, y que había sido impulsada por el presidente Alberto Fernández tras el escándalo que se desató en diciembre, durante el debate de la ley de emergencia económica, cuando la oposición dejó en evidencia que las jubilaciones de magistrados y diplomáticos no se verían alcanzadas por el congelamiento de la fórmula de movilidad.
Lovera fue el miembro informante del Frente de Todos.
"Esta iniciativa propone correcciones al régimen especial vigente. Correcciones prudentes, sin intenciones de acabar con los regímenes especiales, pero tratando de establecer coherencia entre el beneficio recibido y el esfuerzo contributivo", argumentó el pampeño Daniel Lovera, miembro informante del oficialismo, al presentar los lineamientos de la ley que, entre otros ítems, aumenta la edad mínima jubilatoria de los magistrados hombres a 65 años, de manera progresiva; establece un incremento de siete puntos porcentuales en los aportes y determina que la jubilación sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, y no del último haber.
Sin chances de que prospere, porque el oficialismo contaba con los votos suficientes para sancionar su proyecto, la oposición, con Martín Lousteau como miembro informante, presentó un dictamen propio “mucho más duro”.
El eje central del dictamen era que se haga un abordaje de todos los regímenes especiales vigentes, no solo los de diplomáticos y judiciales que, según detalló el porteño, representan apenas el 7% del déficit de todos los regímenes especiales.
“Vale la pena evaluar qué es lo que pasa integralmente con nuestro sistema”, propuso Lousteau en su alocución y consideró que hay jubilados de los regímenes especiales que “llegan a recibir hasta cinco veces más de lo que reciben los del régimen general y además tienen salarios más altos". Y advirtió: "A estos les paga el resto de los jubilados a los que les estamos restando la movilidad en este momento”.
En líneas generales, el texto de JxC planteaba que los magistrados y diplomáticos sean llevados al régimen general. “A la hora de calcular su jubilación, que sean tratados como cualquier hijo de vecino”, graficó el economista. Además, Lousteau recordó que, en diciembre, con la sanción de la ley de emergencia económica, estos regímenes no fueron alcanzados por la suspensión de la movilidad, por lo que la iniciativa del radical planteaba aplicarle a ambos regímenes -hasta que se expida la comisión que debe diseñar una nueva fórmula-, la movilidad que le corresponde al resto de los jubilados.
Martín Lousteau fue el miembro informante del dictamen que llevó JxC.
Otro punto de la ley establecía “con el mismo criterio de solidaridad que la ley de emergencia” que los magistrados y diplomáticos hagan una contribución solidaria, que sea “mínima, calibrada y proporcionada”.
En tanto, bajo la premisa de “entender al sistema previsional como un todo”, el dictamen de JxC planteaba que, cada año, la Secretaría de Seguridad Social emita un informe detallado sobre el estado de situación de los regímenes especiales, y que opine sobre aquellos que considera que están justificados y cuáles no.
"Ha quedado en evidencia que aquí no se modifica ningún tipo de régimen especial, no se modifican privilegios, no se modifica el 82% móvil”, subrayó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, al argumentar los motivos por los que su bancada no acompañaría el proyecto oficialista.
“¿Terminar con los privilegios? Eso es un verso. Cómprenlo ustedes”, le enrostró el formoseño al oficialismo. Al cierre de su intervención, acusó al Frente de Todos de profundizar los privilegios, no terminar con ellos.
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