Los ingleses inversores en Minera Aratirí y sus subsidiarias iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo por entender que se incumplió con el Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay.
La base del reclamo es la conducta arbitraria y no transparente que los ingleses creen que ha tenido el gobierno local, la cual ha sido contraria a las expectativas de los inversores en el Proyecto Valentines. Según notificaron, este tipo de conducta es violatoria del tratado de protección a las inversiones entre el Reino Unido y nuestro país.
El comunicado enviado a los medios de comunicación dice lo siguiente:
“El gobierno incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto. Incluso se llegaron a negociar (y estuvieron a punto de firmarse) varios acuerdos para facilitar su implementación.
Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines. Pero el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva.
Además, el gobierno instó a Minera Aratirí a ubicar uno de los elementos claves de su proyecto (el puerto que utilizaría para exportar el hierro producido) en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa. Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto. Luego, el gobierno volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto.
Estos son solo algunos ejemplos de acciones violatorias del tratado.
Los inversores confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas con respecto al proyecto. Y en base a ello invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo. El proyecto en un momento llegó a emplear casi 200 individuos y estaba planeado que empleara a miles de uruguayos. Lamentablemente, ello no fue posible debido a la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del proyecto y causando muy importantes pérdidas los inversores.
El socio de King & Spalding que lidera el caso, Ken Fleuriet, dijo que: “En base a mi amplia experiencia en este tipo de disputas, el caso de los inversores es muy sólido porque la conducta del Estado en este caso fue claramente violatoria del tratado”.
El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como UNCITRAL. Los inversores ya nominaron a su árbitro y esperan ahora que la República Oriental del Uruguay responda a la notificación del arbitraje y nomine al suyo”.
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