La falta de voluntad política dentro del FA priva al Estado de ganar varios millones de dólares al año por el rubro inmobiliario

(Por Sabrina Cittadino) “Por falta de voluntad política” está trancado en el Parlamento, desde el 2012, el proyecto de ley que busca regular a un mercado inmobiliario que hasta hace cinco años evadía US$6 M al año. Así nos lo confirmó el actual presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Wilder Ananikian, que asumió el pasado mes de junio. Mirá los detalles en la nota completa.

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¿Cuál es el principal objetivo que se propuso perseguir durante su mandato?

Dejé la presidencia de la CIU hace 14 años, ahora volví en junio por distintas coyunturas. Había que dinamizar el mercado, darle otro vuelco. Nos pusimos 16 puntos para mejorar y seguir con lo que estaba haciendo la directiva anterior. Primero que nada, tenemos un tema de informalismo que hay que resolver.

¿Qué tanta informalidad hay actualmente?

Hay 1.000 inmobiliarias aglutinadas a través de la CIU y de doce cámaras del interior. Debe de haber otras 1.000 que están en el informalismo. Se pierde en todo sentido, porque el informal no paga teléfono comercial, porque usa el de su casa; por supuesto no aporta al BPS; no aporta al IRPF; no aporta a absolutamente a nada. La encuestadora Cifra había hecho un cálculo hace unos cinco años, que decía que el Estado perdía en impuestos unos US$6.000.000 anuales a causa de esta informalidad.

¿Y no hay ninguna ley que regule eso?

Hace 30 años que la CIU inició un curso de Operador Inmobiliario —que es de dos años, 140 horas y ocho materias —que hace más de veinte que lo tomó la UTU y lo dan ellos. Hace 10 años se aprueba la reforma tributaria y ahí aparecemos nosotros como agentes de retención, o sea, los que hacemos administración de alquileres retenemos y somos responsables ante el gobierno de recaudar por este honorariamente, lo que nos implica hacer distintas inversiones, como por ejemplo, en el rubro informático. Hace más de un año empezamos a hacer lo que es la Debida Diligencia con la Secretaría Nacional Antilavado; es decir, cada vez nos dan más tareas y nos reconocen menos.

Estamos trabajando, entonces, con un proyecto que está presentado desde el 2012. Estuvimos con la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, vamos a tener una entrevista con el ministro de Economía, Danilo Astori, y ya estuvimos con el presidente Tabaré Vázquez… Que salga esto es una de las prioridades.

¿En qué consiste ese proyecto específicamente?

En reglamentar la actividad. Nosotros no estamos en contra de que tú le vendas directamente a tu vecino, el tema es que te den un buen consejo cuando llames a una inmobiliaria. A veces el patrimonio de una familia depende del precio que se fijó para una propiedad, entonces es importante que se reglamente.

Estamos trabajando en capacitación, ni hablar. Hemos hecho varios cursos con referentes internacionales, estamos planificando otros para el año que viene. Vamos a seguir capacitando y manejando de mejor manera la información. Para esto último le estamos dando otro formato a la columna de opinión que tenemos en la revista Ciudades, que es de nuestro órgano oficial, y empezamos a monitorear nosotros el mercado. Estamos trabajando en un sistema de intranet para que todos los socios tengan las mismas propiedades y allí, con los parámetros de venta, podemos monitorear el mercado con los valores de venta reales de cómo se está vendiendo.

Mencionaba que se reunieron con diversas autoridades del gobierno por el proyecto de ley para regular el mercado. ¿Cómo sigue ahora el proceso?

Hemos recabado 15 leyes de operadores inmobiliario y 15 leyes de ética de distintos países para sacar lo sustancial por si este proyecto no avanza y en vez de tener 35 artículos, lo tenemos que hacer más corto… Pero por ahora, no hay novedades.

¿Qué es lo que tranca el avance del proyecto?

Hace un tiempo se llegó a la media sanción del proyecto, pero hubo elecciones y, por temas políticos, marchó. En su momento había que negociar con tres partidos, hoy hay mayoría parlamentaria y me pregunto por qué no sale. ¿Es porque no hay voluntad política? Si el presidente levantó el teléfono y dijo “queremos que sala esta ley”… Aparentemente no hay voluntad política y estamos hablando de que es la del mismo gobierno.

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