El objetivo del cambio de la Ley de Vivienda de Interés Social a Vivienda Promovida “es un engaño”

Un reciente decreto del Poder Ejecutivo sancionó la nueva reglamentación que hizo que la Ley de Vivienda de Interés Social pasara a denominarse Vivienda Promovida. Uno de los principales cambios es el de la fijación de topes para los precios de comercialización. Según Diego Chapuis, gerente Comercial de Altius Group —una de las empresas referentes en la construcción de dicho tipo de viviendas —, con los nuevos topes son una suerte de engaño para la población.

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Días atrás, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto que puso en funcionamiento una nueva reglamentación para la ley 18.795, la Ley de Vivienda de Interés Social que ahora, a raíz de estos cambios, pasó a llamarse Vivienda Promovida. De esta manera, según indican desde el blog de InfoCasas, el objetivo es acercarse cada vez más al espíritu inicial de cuando surgió la ley en el 2011.

Precisamente, entre las modificaciones destacadas aparece la fijación de un nuevo régimen de topes para los precios de comercialización, que son inferiores a los anteriores. Asimismo, se cambian las condiciones para acceder a la totalidad de los beneficios fiscales para unidades compradas por inversores, por lo que los costos de los alquileres también tienen un nuevo tope.

Con la nueva reglamentación, los inversores que destinen sus unidades al mercado para el alquiler tendrán una exoneración del 100% de la renta siempre y cuando los precios mensuales no superen los $13.000 para los apartamentos de un dormitorio, $16.000 los de dos; y $18.000 para los de tres y cuatro.

Algunos días previos a la sanción de este nuevo decreto, Chapuis estuvo conversando con nosotros y lo catalogó como “peligroso”, sobre todo por el hecho de que se establecieran nuevos topes para los alquileres. “Fijar un tope con el objetivo de comunicarle a la población que va a acceder a viviendas más baratas es como un engaño, porque lo único que hace es frena la inversión”, explicó el gerente Comercial de Altius Group, empresa que, de las 3.000 unidades totales del mercado desarrolladas bajo la ley 18.795, es responsable de más de 1.000.

Según indicó Chapuis, lo que determina el valor del alquiler es la oferta y la demanda: si hay más unidades a la venta, el precio baja y, por la competencia, la calidad aumenta. “Restringir el tope del valor del alquiler, entonces, va a desestimular la inversión. Va a haber menos ofertas y se va a generar el efecto contrario al buscado”, advirtió.

Desde Altius Group ven que los promotores se están cuidando y están intentando de transmitir que con más escala hay más oferta, lo que hace que el precio baje. “Un consumidor hoy puede llegar a pagar $15.000 un alquiler o $18.000 por un apartamento de dos dormitorios, lo que para el mercado son cifras bastante razonables y para el inversor implica una renta de entre el 6% y 7%”, finalizó Chapuis.

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